Desde el 28 de julio el Tribunal Supremo de Justicia difiere el juicio contra los tres imputados por la pérdida de más de 100 mil toneladas de alimentos podridos de Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), localizadas en Carabobo. Cantidad de comida dañada que aumentó a más de 134 mil toneladas, tras la aparición de otros hallazgos en el país.
Las incógnitas aparecen al registrarse ocho suspensiones de la audiencia a octubre. Siete de ellas las dictó el Circuito Judicial de Puerto Cabello, en el litoral carabobeño. En la primera fecha no asiste la defensa del ex presidente de PDVAL. El 10 de agosto no asistió el abogado, el 23 se suspende por reprogramación de las vacaciones judiciales y el 24 los imputados cambian de defensa legal. El juez de Control, Henry Chirinos, deja el caso. La jueza Ruwuisela González asume el proceso judicial.
Para septiembre se suceden dos postergaciones, el 8, la imputada Vilyeska Betancourt no se presenta en la audiencia al no ser trasladada, el 21 se repite la situación con los otros dos acusados: Luis Pulidos, ex presidente, y Rónald Flores, ex director.
El 5 de octubre tampoco son trasladados los detenidos a Puerto Cabello, el caso es radicado en Caracas, luego que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aceptara la solicitud de los fiscales 6to. y 25to. María Alejandra Pérez y Pedro Buitriago, y del 9no. y 13ero. de Carabobo, Armando Galindo y Asdrúbal Durán.
La decisión 408 ordenó atender la petición del Ministerio Público, por lo que el 25 de octubre se volvió a diferir el caso debido a trámites administrativos a causa de la radicación del juicio al Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Neidy Rosal, miembro de la Comisión de Contraloría del Consejo Legislativo de Carabobo, señaló que tras presentarse las pruebas y la magnitud de quienes pueden aparecer como responsables de la pérdida de alimentos, el tribunal congeló las fechas de audiencia. "Difieren el proceso sin fecha".
El 27 de mayo en un allanamiento a la almacenadora Cealco, en la Zona Industrial de Puerto Cabello se hallan más de mil contenedores con 30 mil toneladas de productos importados por Barivén, empresa que realizaba las compras para PDVAL, filial de PDVSA para esa fecha. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) investigaba la salida de leche en polvo de los patios del puerto, cuando dio con el lote de furgones depositados desde 2009. La dirección de las averiguaciones apuntó a la empresa socialista con apenas dos años de creada.
La diputada Rosal señaló que en febrero y marzo ya se habían registrado irregularidades con los productos importados por el Gobierno nacional. En 2009 la desaparición de toneladas de leche en polvo alertó de hechos irregulares que fueron denunciados por los trabajadores de Bolivariana de Puertos.
A partir de junio de 2010 surgen denuncias de más comida podrida en Cojedes, Yaracuy, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Falcón y Lara. La cadena de hallazgos fueron denunciados ante el Ministerio Público, anexándose al expediente que llevó a la detención de los tres ex directivos, bajo los cargos de corrupción y boicot.
En noviembre otros dos lotes de comida dañada se localizaron en Valencia y Los Guayos, Carabobo. Rosal indicó que fueron caraotas y aceite vegetal facturados para el consumo nacional. Los inventarios descompuestos forman parte de la adquisición de PDVAL según las guías de movilización del transporte.
Reseña
PDVAL nació en 2008. Se creó como filial de PDVSA alimentos.
A través de Barivén se coordinaban las importaciones a mercados internacionales.
Luego del escándalo por la pérdida de comida es transferida al Ministerio de Alimentación, según Gaceta Oficial 39.474.
Una auditoria a abril de 2009 reveló que las compras de alimentos presentaban irregularidades.
La Gerencia de PDVSA conoció del informe que explicaba las inconsistencias en los documentos. Facturas con sobre precio, productos que no contenían la certificación de calidad y adelantos a proveedores fueron analizados.
La Contraloría General de la República en su memoria y cuenta de 2008, mencionó las debilidades de las cadenas de alimentación del Gobierno.
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