BBC Mundo – Los dueños de apartamentos residenciales de los edificios expropiados este fin de semana por el gobierno amanecieron este lunes en vigilias a las puertas de las construcciones o se atrincheraron en las unidades ya entregadas.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, explicó el domingo que la medida busca proteger a los propietarios al tratarse de proyectos de desarrollo urbanístico donde las viviendas habían sido pagadas pero que no se habían entregado. Chávez afirmó que el Estado las terminaría, reestimaría sus precios, multaría a las empresas constructoras y las entregaría a sus usuarios finales.
Pero para los propietarios de los inmuebles, la experiencia anterior en estos procesos no ofrece ninguna garantía.
Cifras de la firma de análisis económico Ecoanalítica, señalan que hasta mayo de 2010 las expropiaciones habían costado unos US$23.000 millones, de los cuales el gobierno sólo habría pagado US$14.645 millones. ¿Recibirán sus apartamentos o les devolverán su dinero?, se preguntaron algunos de los afectados por las más recientes expropiaciones.
Según una encuesta reciente de la compañía Consultores 21, 70% de los venezolanos rechaza las “adquisiciones forzosas” de empresas y otros bienes.
Otro sondeo de la encuestadora Keller y Asociados, de mayo de este año, va más allá: en promedio, sólo una de cada cinco personas encuestadas en el estudio creía que las empresas estatizadas comenzaron a funcionar mejor una vez pasaron a ser administradas por el gobierno. ¿Puede incluso contarse con que el Ejecutivo terminará de construir los edificios aún completados?, fue la otra interrogante en boca de los propietarios de apartamentos.
Versiones
Estas dudas encajan dentro de la versión, repetida por portavoces empresariales, de que las expropiaciones ponen al país en una situación de inseguridad jurídica que no estimula las inversiones. Pero además, no redundan en ninguna mejora en la producción.
“Siempre las empresas cuando son tomadas por los Estados se convierten en ineficientes, al no haber un capital en riesgo que lo sienta suyo, que necesite ampliarlo y profundizarlo. Recuérdese que la riqueza no viene de los activos, sino de la capacidad de usar esos activos”, le dijo a BBC Mundo Rafael Alfonzo, directivo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice.
Pero para portavoces oficiales, se trata de una simple versión, incorrecta en forma y fondo. “Las empresas expropiadas por el Estado cumplen con una función social de generar riqueza y prosperidad en una escala muy superior que la que se desarrollaban anteriormente”, opinó el diputado electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Farías.
Según Farías, también economista, “los medios de comunicación quieren generar un clima adverso al gobierno” generando una matriz de opinión, según la cual las expropiaciones han degenerado en bajas en la productividad.
Dicen y contradicen
“El que diga eso tiene que dar muestras de lo que está afirmando. Ahí están la Electricidad de Caracas, la Compañía de Teléfonos de Venezuela (Cantv), Pdvsa (la casa matriz petrolera), la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Aceites Diana, Industrias Agroalimentarias. Los terrenos baldíos que hemos puesto a producir. Por supuesto que hay algunas empresas nuestras que no han arrancado, porque nada es perfecto, pero no es la mayoría”, aseguró el legislador.
En el caso de los productos agroalimentarios, el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, Juan Carlos Jiménez, le dijo la estatal Venezolana de Televisión que hay muestras irrefutables de que sólo en socialismo se produce con niveles óptimos de eficiencia y calidad.
Jiménez citó el caso del Central Azucarero Venezuela, que dijo había superado la producción anterior en 33%, y de Proarepa (harina de maíz precocida), que pasó de operar al 52% de su capacidad a un 90% una vez estatizada.
Alfonzo tiene objeciones a estas cifras, que considera son “pura propaganda”. Por una parte, cuestiona los costos ocultos en compañías administradas por el gobierno, que “importan materia prima sin control, no pagan impuestos, pueden vender sin permisos sanitarios, y tienen acceso a dólares preferenciales más baratos”.
Además, cuestiona los números alegando que ignoran cuánto producían estas empresas antes de ser objeto de “apropiación forzosa”. “Alguien dijo que Lácteos Los Andes aumentó en un 1000%, eso no es posible si tiene capacidad para 100%”, alegó.
El diputado electo Farías no niega el tema de los costos ocultos, a los que llama “ciertos beneficios que no se comparan a los que por décadas tuvieron los privados (…) Si se quejan no tienen autoridad moral, porque por mucho tiempo fueron ellos los que pusieron las reglas de juego, y no las aprovecharon”.
“Pon ahí que son unos parásitos”, insistió.
Cifras negras
Más allá de afirmaciones y refutaciones, la dificultad para acceder a información “pura y dura” sobre el desempeño de las empresas estatizadas parece ser una realidad.
El Observatorio de la Propiedad Privada, una organización adscrita a la ONG Liderazgo y Visión que ha estado haciendo seguimiento al tema, dice que mucha información “está en cifras negras”, como le dijo a BBC Mundo la investigadora Lucía Balderrama.
La evidencia última, sin embargo, está en la calle: “el 90% de la producción de cemento está en manos del gobierno nacional, pero actualmente hay fallas en la distribución. Vas a las ferreterías y no encuentras. Tiene que ser un indicador de algo”, afirma.
Lo mismo ocurre con los alimentos. “Es muy difícil saberlo. Lo puedes sentir del lado del consumidor. Las cantidades no las encuentras, o no en los volúmenes de antes”, admite.
En rubros como el café se cuenta con cifras de la Federación de Productores Agrícolas, Fedeagro. “Para 2010 sólo se estaba produciendo un millón de quintales de azúcar, mientras que a principios del siglo XX era de dos millones”, dice Balderrama.
El diagnóstico es igualmente parcial en las empresas estatales más disímiles, desde las que producen cabillas hasta que las que fabrican pañales. “No hay datos exactos. Es una situación en la que realmente no sabemos lo que está pasando. No hay una contraloría de la producción”, concluyó.
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Obama el lunes a bordo del avión presidencial. | Reuters
'Hoy hay 35 millones de estadounidenses que han probado la marihuana, 11 millones han probado la cocaína', recordó Ernesto Samper.
