| Bogotá | Publicado el 22 de diciembre de 2010
El presidente, Juan Manuel Santos, sancionó este martes la Ley 1421 que prorroga el Orden Público y retira las facultades del Gobierno para la creación de zonas de distensión o despeje como San Vicente del Caguán, Caquetá, donde se adelantó la fracasada mesa de diálogo entre la administración del entonces presidente Andrés Pastrana y las Farc.
La Ley, que pasó por el Congreso sin mayores tropiezos y con un respaldo casi unánime, le entrega poder al Ejecutivo para que, de manera individual, otorgue indultos a quienes se desmovilicen y tengan delitos de rebelión, sedición, asonada y que no sean investigados por delitos de lesa humanidad; lo dota de facultades especiales para mejorar un sistema de protección a las víctimas, organizaciones de derechos humanos, de dirigentes sindicales y de periodistas, y seguir adelante con los programas de protección que en la actualidad benefician a 11.500 colombianos.
Asímismo, esta Ley le entregó un fortalecimiento a los Fondos de Seguridad Locales y Departamentales que apoyan las estrategias en materia de seguridad ciudadana. Prácticamente, el articulado lo que hace es fortalecer la política de Seguridad Democrática.
De esta manera quedaron prohibidas y descartadas las zonas de despeje o zonas de distensión en cualquier lugar del territorio nacional. El pasado 8 de septiembre el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció que el Gobierno Nacional renunciaba a las zonas de despeje, pero no al diálogo con los grupos al margen de la ley. "No queremos, esa facultad no la vamos a usar", expresó al ratificar que en la agenda política nacional no hay ningún proceso de diálogo en curso "y si lo hubiera, no creemos necesitar el instrumento para despejar una zona en el territorio nacional".
La Ley fue aprobada por el Congreso el 30 de noviembre pasado con 54 votos a favor. El anuncio de la sanción de la norma fue entregado este martes por el Ministro Vargas Lleras en la Casa de Nariño.
La Ley, que pasó por el Congreso sin mayores tropiezos y con un respaldo casi unánime, le entrega poder al Ejecutivo para que, de manera individual, otorgue indultos a quienes se desmovilicen y tengan delitos de rebelión, sedición, asonada y que no sean investigados por delitos de lesa humanidad; lo dota de facultades especiales para mejorar un sistema de protección a las víctimas, organizaciones de derechos humanos, de dirigentes sindicales y de periodistas, y seguir adelante con los programas de protección que en la actualidad benefician a 11.500 colombianos.
Asímismo, esta Ley le entregó un fortalecimiento a los Fondos de Seguridad Locales y Departamentales que apoyan las estrategias en materia de seguridad ciudadana. Prácticamente, el articulado lo que hace es fortalecer la política de Seguridad Democrática.
De esta manera quedaron prohibidas y descartadas las zonas de despeje o zonas de distensión en cualquier lugar del territorio nacional. El pasado 8 de septiembre el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció que el Gobierno Nacional renunciaba a las zonas de despeje, pero no al diálogo con los grupos al margen de la ley. "No queremos, esa facultad no la vamos a usar", expresó al ratificar que en la agenda política nacional no hay ningún proceso de diálogo en curso "y si lo hubiera, no creemos necesitar el instrumento para despejar una zona en el territorio nacional".
La Ley fue aprobada por el Congreso el 30 de noviembre pasado con 54 votos a favor. El anuncio de la sanción de la norma fue entregado este martes por el Ministro Vargas Lleras en la Casa de Nariño.
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